La iniciativa que será tratada por la Cámara de Diputados de la Nación este lunes 29 de abril declara sujetas a privatización a algunas empresas públicas y establece reformas en el mercado laboral, como la ampliación del período de prueba o la creación de un fondo de cese laboral.
País 29 de abril de 2024 Chequeado.com
El oficialismo logró dictamen de comisión en la Cámara de Diputados para el nuevo proyecto de “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”. Fue analizado esta semana en el plenario de las comisiones de Legislación General; Presupuesto y Hacienda; y Asuntos Constitucionales de la Cámara baja y, tras el dictamen favorable, se convocó a una sesión para su tratamiento en el recinto el próximo lunes 29 de abril.
En esta nota, repasamos las claves del texto que será tratado la semana que viene por la Cámara de Diputados y lo que quedó afuera.
Dentro del capítulo referido a la “reforma del Estado” se incluyen las privatizaciones. El proyecto declara empresas sujetas a privatización a Aerolíneas Argentinas S.A., Energía Argentina S.A., Radio y Televisión Argentina S.E., e Intercargo SAU. También declara sujeta a privatización a Nucleoeléctrica Argentina SA y a Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, aunque en estos 2 casos establece que el Estado debe mantener el control o la participación accionaria mayoritaria.
Por otro lado, se propone un esquema de concesión privada para las empresas Agua y Saneamientos Argentinos S.A., Correo Oficial de la República Argentina S.A., Belgrano Cargas y Logística S.A., Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE) y Corredores Viales S.A.
El capítulo IV trata sobre el empleo público. Entre las modificaciones, se dispone que los sindicatos estatales no podrán descontar parte del salario de los trabajadores que no estén afiliados o que no hayan expresado de forma explícita su acuerdo para que el gremio realice dicho descuento. También determina que a aquellos trabajadores que realicen una huelga se les descontará un proporcional por las horas no trabajadas, sin ningún tipo de sanción administrativa, y establece que aquellos funcionarios de órganos u organismos que sean eliminados serán pasados a disponibilidad por hasta 12 meses y que después serán desvinculados de la Administración Pública Nacional si no consiguen otro puesto.
El Título IV del texto está destinado a la “promoción del empleo registrado” en el sector privado. Este permite a los empleadores regularizar vínculos laborales que comenzaron antes de que la ley entre en vigor, concediéndoles un período de 90 días para hacerlo. Los empresarios quedarán eximidos de cualquier acción legal y deudas relacionadas con infracciones, multas y sanciones, y también serán eliminados del Registro de Sanciones Laborales.
El Título V de modernización laboral quedó comprimido respecto de la versión original. Entre las principales medidas aparece la extensión del período de prueba y la creación de un fondo de cese laboral optativo -a determinar en los convenios colectivos de trabajo como alternativa a las indemnizaciones.
En relación a los períodos de prueba, actualmente son de 3 meses. La propuesta nueva consiste en extenderlos a 6 meses para empresas de más de 100 trabajadores, de 8 meses para PyMES de 6 a 99 trabajadores, y de un año para minipymes de hasta 5 trabajadores.
La empresa solamente podrá contratar a un trabajador bajo la figura del período de prueba una sola vez. La utilización abusiva del período de prueba para evitar la efectivización de un trabajador es pasible de sanciones.
La versión de la Ley Bases que el Ejecutivo envió al Congreso en diciembre de 2023 tenía 664 artículos. El borrador que circuló en las últimas semanas, previo al debate en las comisiones de la Cámara baja, tenía 279 artículos. La versión que logró dictamen tiene 232, es decir que la iniciativa es una versión mucho más reducida que la inicial.
En el plano laboral, la reforma quedó acotada a 17 artículos. El artículo referido a la cuota sindical, resistido por los sindicatos, fue dejado de lado. En el DNU 70/2023, cuyo fragmento laboral fue frenado por la Justicia, se limitaba el descuento compulsivo de la cuota sindical que aportan los trabajadores registrados (afiliados o no). Además, se eliminó el artículo que establecía que la participación en bloqueos o tomas de establecimiento era razón de “justa causa” de despido. También se mantiene la “ultraactividad” de los convenios colectivos de trabajo, que el DNU buscó eliminar.
En el ámbito de las privatizaciones, se dejó de lado el Banco Nación y todas sus empresas subsidiarias, aunque el ministro del Interior, Guillermo Francos, advirtió que el Gobierno no descarta su privatización en el mediano plazo.
El oficialismo, además, eliminó los capítulos vinculados a la defensa de la competencia y al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES.
La medida se informó en el Decreto 340/2024 publicado este domingo 21 en el Boletín Oficial. Esto se dará a la par del aumento en jubilaciones y pensiones en mayo.
También se pagará un bono que dependerá de lo que cobre cada beneficiario. Las jubilaciones mínimas en abril quedarán en $169.401 y la máxima de $1.139.908.
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